NOTISURESTE DE YUCATAN
"Las estimaciones sobre el número de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales (LGBTTTI) oscilan entre el 2.5 y el 8% de la población. Es una población que... enfrenta serias violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos... A ello influye la estigmatización que viene de la intolerancia: cerca del 70% de la población no toleraría vivir con un homosexual bajo el mismo techo..."
Se presentó al público, en el Foro Amaro, la publicación "Todos/as diversos/as, iguales en derechos. Cuaderno sobre diversidad sexual y derechos humanos", fruto de la colaboración de trece organizaciones de la sociedad civil yucateca que trabajan diversos temas de derechos humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
La idea de elaborar el presente material surge por las condiciones de discriminación que, sobre las personas con una preferencia u orientación no heterosexual, imperan en el estado Yucatán. Algunos datos que ilustran esta situación son: el cuarto lugar que esta entidad tiene a nivel nacional en crímenes de odio por homofobia[1], una de las más dolorosas consecuencias de la discriminación por preferencia u orientación sexual. En Yucatán también se ha elevado la exclusión de personas homosexuales a rango constitucional, pues en julio de 2009 el Congreso local aprobó una reforma a la Ley fundamental del estado que cierra la posibilidad de que hombres y mujeres homosexuales puedan acceder a figuras que les brindarían certeza jurídica en sus relaciones afectivas, como son el matrimonio y el concubinato, reforma que va en sentido contrario a los avances que en otras entidades se han dado, y que contó con la complicidad, también, del Ombudsman estatal, quien se negó a presentar la acción de inconstitucionalidad respectiva a pesar de existir una exclusión manifiesta.
Ante esta realidad, es indispensable dotar a la ciudadanía y a las y los servidores públicos, de una herramienta que establezca cuáles son los estándares internacionales que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos se han generado para clarificar las obligaciones que tiene cualquier estado en materia de combate a la discriminación y, concretamente aquella derivada de la preferencia u orientación sexual.
Sin lugar a duda, la discriminación por motivos de preferencia u orientación sexual es una de las más graves en nuestro país y una de las preocupaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Ya en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, publicado en 2004, la OACNUDH se refería al tema señalando que:
"Las estimaciones sobre el número de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales (LGBTTTI) oscilan entre el 2.5 y el 8% de la población. Es una población que... enfrenta serias violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos... A ello influye la estigmatización que viene de la intolerancia: cerca del 70% de la población no toleraría vivir con un homosexual bajo el mismo techo..."
También la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación (CCED) observaba, ya desde 2001, que:
"Si la discriminación se cultiva frecuentemente sobre la base de prejuicios valorativos que tienden a descalificar aquello que se considera inadmisible desde el punto de vista de los estereotipos convencionales, podrá entenderse entonces que el campo de la sexualidad sea uno de los terrenos privilegiados sobre los que opera la moral discriminatoria".
El cuaderno está constituido por cinco capítulos que exponen con claridad qué son los derechos humanos, a qué se refiere el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, qué se entiende por diversidad sexual y los derechos sexuales, en qué consiste la discriminación por orientación sexual y cuáles son sus manifestaciones más comunes, terminando con una fundamentación en el derecho internacional de los derechos humanos. Su propósito es difundir información sobre los derechos humanos en relación con la diversidad sexual. Para ello se propone destacar el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación como factores esenciales de una sociedad democrática, respetuosa de la pluralidad de todos y todas sus integrantes. Con ello busca contribuir a la comprensión del fenómeno de la discriminación, particularmente aquella vinculada a la orientación sexual o la identidad de género.
Las obligaciones establecidas desde el derecho internacional, planteadas en este cuaderno, son complementarias con los recientes precedentes judiciales que se han emitido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010 y convalidar la constitucionalidad de los matrimonios de las personas en el mismo sexo en el Distrito Federal. Ambas fuentes obligan a las entidades federativas, Yucatán entre ellas, a hacer efectivo el derecho a la no discriminación por preferencia sexual, cuando menos desde dos perspectivas: a) evitar que persistan las condiciones de exclusión que históricamente ha sufrido este colectivo social debido a su condición específica, y b) impulsar todas las reformas para lograr que las y los homosexuales se sitúen en igualdad de circunstancias ante el Estado y en su relación con las demás personas para ejercer plenamente sus derechos.
La publicación de este cuaderno va acompañada de la exigencia de las organizaciones yucatecas firmantes, para que el Congreso del estado y el poder ejecutivo homologuen a dichos estándares internacionales la normatividad estatal y eliminen de la práctica cotidiana del servicio público cualquier acción que implique una discriminación basada en preferencia u orientación sexual. Pero es, sobre todo, una invitación a la sociedad para hacerse de elementos que le permitan enmarcar el tema de la diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de ir desmontando los prejuicios que sostienen este tipo de discriminaciones, pues una sociedad justa y democrática es aquella que no excluye, de ningún ámbito de la vida pública y privada, a sus ciudadanos
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